Paqui frente al Supremo: la madre que quiere llegar hasta Estrasburgo
| Texto: José María Morillo
Francisca María Gómez, Paqui, no habla como una espectadora del proceso judicial abierto en Barbate. Habla como madre. Como la madre de Miguel Ángel González Gómez, el buzo de 39 años del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil que murió en acto de servicio la noche del 9 de febrero de 2024. El juzgado de Barbate, en cuyo puerto se produjeron los hechos, ha ordenado la apertura de la vista oral. Desde su casa en El Puerto de Santa María sostiene que no piensa faltar ni un solo día al juicio: “Seré la primera en entrar”.
Aquella noche, su hijo formaba parte de un operativo en el puerto de Barbate. En la misma intervención perdió la vida David Pérez Carracedo, 43 años, integrante del Grupo de Acción Rápida (GAR), natural de Navarra. Ambos viajaban junto a otros cuatro agentes en una zódiac de apenas cinco metros de eslora cuando una de las seis narcolanchas refugiadas del temporal embistió la embarcación oficial y pasó por encima de ella. Los supervivientes arrastran heridas físicas y secuelas psicológicas de por vida.
Paqui no separa responsabilidades. Reclama condenas para los narcotraficantes, pero también exige que se investigue la cadena de mando que autorizó la salida al mar en esas condiciones. “El narco ejecutó, pero alguien decidió enviarlos”, sostiene. Considera que los superiores sabían que seis agentes en una neumática ligera no podían competir con potentes lanchas de gran cilindrada. A su juicio, aquella decisión fue el verdadero punto de no retorno.
El presunto piloto de la embarcación implicada, Karim El Baqqali, marroquí de 32 años, se entregó en septiembre de 2024 acompañado de su abogado. Ante el juez pidió perdón y aseguró que intentó esquivar la zódiac. Ingresó en prisión provisional y continúa encarcelado.
En octubre, el Tribunal Supremo archivó las denuncias dirigidas contra los mandos del operativo, descartando responsabilidad penal. Esa decisión no ha frenado a la familia. El abogado de Paqui, prepara nuevas acciones y solicitará que se incorporen grabaciones internas de aquella noche en las que, presuntamente, se advertía del riesgo extremo de la misión. No descarta acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos si considera que no se ha hecho justicia.
Mientras tanto, Paqui mantiene intacta una convicción dolorosa: que la muerte de su hijo no puede quedar reducida a una estadística más en la lucha contra el narcotráfico en el Estrecho. “No quiero venganza”, repite, “quiero responsabilidades”. Y, sobre todo, que nadie vuelva a subir a una zódiac sabiendo que parte en inferioridad frente a seis lanchas lanzadas a toda máquina.