El magistrado demanda “el reconocimiento del derecho a una investigación eficaz”
| Texto: José María Morillo.
La justicia penal española sigue enfrentándose a uno de sus desafíos más complejos: cómo investigar y enjuiciar la violencia sexual contra menores sin dejar toda la arquitectura probatoria apoyada en la palabra de la víctima. En este escenario, una nueva obra publicada por Editorial Colex vuelve a encender el debate. Su autor, el magistrado y doctor en Derecho Miguel Ángel López Marchena, vecino de nuestra Ciudad, propone abandonar definitivamente el viejo esquema de la “prueba única” y avanzar hacia un modelo de investigación sólido, multidisciplinar y verdaderamente centrado en los derechos de la infancia.
El libro —De la prueba única al modelo de investigación efectiva en los delitos contra la libertad sexual sobre víctimas menores— aspira a convertirse en una referencia básica para jueces, fiscales, policías, forenses y equipos psicosociales que trabajan en este ámbito. La tesis inicial es contundente: la violencia sexual infantil es un fenómeno masivo, oculto por naturaleza, con elevados índices de impunidad y consecuencias devastadoras para quienes la sufren. Durante décadas, la declaración del menor ha funcionado como eje casi exclusivo del proceso penal, convirtiéndose al mismo tiempo en un punto débil y en una fuente de revictimización.
El autor
La carrera de Miguel Ángel López Marchena es la de un jurista formado en la Universidad de Córdoba, promoción 1986-1991, que ha construido su trayectoria desde la instancia judicial. Primero en El Puerto de Santa María, al frente del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 hasta 2010, y después en Cádiz, donde desde 2011 ejerce como titular del Juzgado de Instrucción nº 2. Décadas de procedimientos complejos y una vida familiar intensa —es padre de tres hijos— fueron aplazando una vocación docente que siempre había estado ahí.
El punto de inflexión llegó gracias a una conexión profesional inesperada: su encuentro en LinkedIn con Alfredo Abadías Selma, que terminó convirtiéndose en su guía académico. Con ese impulso, López Marchena ingresó en la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y dedicó cuatro años a un trabajo sistemático que combinó publicaciones, conferencias y formación especializada, mientras avanzaba en una investigación ambiciosa sobre la protección procesal de los menores víctimas de delitos sexuales.
Ese esfuerzo culminó el 11 de junio de 2025, cuando defendió en Madrid su tesis doctoral, «La prueba preconstituida en los delitos sexuales cometidos sobre víctimas menores», dirigida por los profesores Alfredo Abadías Selma y Pere Simón Castellano. El tribunal, de reconocido prestigio académico, le otorgó la calificación de Sobresaliente cum laude, certificando una trayectoria que une experiencia judicial de primera línea y una creciente proyección investigadora.
La obra
López Marchena coloca el modelo vigente frente al espejo del derecho internacional y de la jurisprudencia europea, pero también de las recientes reformas del ordenamiento español, desde la LO 8/2021 a la LO 10/2022. El mensaje es claro: el menor no solo necesita un juicio justo, sino una investigación efectiva, entendida como obligación del Estado y como garantía básica de su derecho a la verdad y a la reparación.
Uno de los pilares de la obra es la explicación práctica y jurídica de la prueba preconstituida: esa declaración única del menor, grabada con todas las garantías y en presencia de las partes, que evita interrogatorios repetidos y permite preservar la integridad del testimonio. El autor distingue con precisión esta herramienta de la prueba anticipada y subraya los requisitos indispensables: intervención de defensa y fiscalía, supervisión judicial, apoyo de profesionales especializados y un tratamiento absolutamente respetuoso con el interés superior del niño.
Pero el análisis no se queda en lo normativo. El magistrado recorre protocolos policiales, criterios forenses, pautas de la Fiscalía y el funcionamiento del modelo Barnahus, que integra atención psicológica, exploración médica y actuaciones judiciales en un único espacio para evitar traslados, retrasos y circuitos que vuelven a herir a la víctima. A esto se suma un repaso exhaustivo de la doctrina del Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, el TEDH y la Corte Interamericana, que han ido consolidando un estándar reforzado en la investigación de los abusos sexuales a menores.
El modelo que plantea López Marchena exige ampliar el foco: no basta con la declaración del niño. Hace falta buscar indicios periféricos, periciales psicológicas rigurosas, análisis digitales, informes médicos y cualquier elemento contextual que permita construir un cuadro probatorio firme. Solo así la palabra del menor puede valorarse sin cargar sobre él un peso desproporcionado.
La obra también entra en terrenos sensibles: protección de datos, gestión del secreto de las actuaciones, estrategias de defensa que pueden derivar en revictimización y criterios técnicos para la reproducción de la prueba preconstituida en el juicio oral. El cierre del libro combina doctrina y práctica procesal con propuestas concretas de mejora legislativa y organizativa.
En un momento en que España vive una creciente sensibilización social ante la violencia sexual contra menores —pero también debates legislativos intensos—, este trabajo se presenta como una llamada de alarma al sistema. Su advertencia es tan simple como contundente: sin una regulación integral de la prueba preconstituida y sin una investigación verdaderamente especializada, la justicia corre el riesgo de fallar por partida doble. Primero, al no proteger a las víctimas cuando el delito ocurre. Y después, al no saber investigar los hechos con la profundidad que merecen.