Este texto se publicó en los periódicos del Grupo Joly el 21 de marzo de 1992, escrito por la pluma del historiador Enrique Pérez Fernández, con motivo de la demolición del Cementerio Inglés para la construcción del Centro Comercial El Paseo. En una próxima entrega, publicaremos otra nótula sobre la misma temática, escrito por un descendiente de Charles Sutton Campbell, quien realizó una visita a la ciudad y a quien el director de Gente del Puerto, José María Morillo, junto al académico y Prof. Dr. Juan Gómez Benítez, acompañaron en el verano de 2022.
| Texto: Enrique Pérez Fernández
A propósito de la denuncia pública realizada hace algunas semanas por el grupo municipal de Izquierda Unida ante el hallazgo en el vertedero municipal de varias lápidas funerarias procedentes del incorrecto e inculto desmantelamiento efectuado en 1990, bajo el patrocinio municipal, del cementerio establecido en el Palmar de la Victoria por la comunidad inglesa residente en El Puerto de Santa María, apuntaré de modo sucinto datos históricos que sobre él se encuentran en el Archivo Municipal.
Al menos, una vez profanado y arrasado en superficie el lugar, quede su recuerdo en nuestra memoria colectiva y en la conciencia de quienes, por bastos intereses mercantilistas, permitieron la pérdida de un trozo del patrimonio histórico portuense.
En defensa de los intereses de la comunidad que representaba, el 1 de agosto de 1860 el vicecónsul británico en la ciudad, Charles Sutton Campbell, solicita al alcalde que inicie las diligencias pertinentes para establecer en el término municipal un cementerio protestante, según autorizaba una ley de 29-4-1855 aprobada por las Cortes españolas, por la que se amparaba la construcción de camposantos no católicos. Ya entonces, en mayo, se preparó a tal fin un expediente a instancia del diplomático que, después de unos primeros trámites, se paralizó.
Tras el beneplácito de las autoridades municipales y provinciales, dispuso Campbell que el agrimensor Manuel Rodríguez Aloma deslindara y tasase un terreno ubicado en el Palmar de la Victoria, a 1.300 m al norte de la población y próximo al camino de Jerez, tierras calificadas por el Ayuntamiento –en un principio de Propios, pertenecientes al común del vecindario–, mientras que la mayor parte de los suelos periféricos al casco urbano eran predios rústicos que no se prestaban a enajenación o incumplían las prescripciones sanitarias. El terreno designado fue un cuadrado de 40 metros de lado, apreciado en 286 reales, lindante al noreste con una suerte de tierra de Manuel Ariza y al oeste con otras del marqués de Perales y el camino del Hato de la Carne, antigua vía a Jerez.
La Comisión de Hacienda del Ayuntamiento, en un dictamen fechado el 27-10-1860, hacía presente que la Ley de Desamortización (1855) y una Real Orden de 18-11-1857 impedían a los municipios dar curso a cualquier expediente sobre la data o censo de terrenos de Propios y del común, debiéndolo autorizar en su caso el Gobierno. Pero la Comisión, en un informe de 4-3-1861, una vez revisados los antecedentes sobre el particular, determinó que no eran terrenos de Propios ni de aprovechamiento común, sino “un baldío inculto y agrícolamente improductivo, solo utilizado para el desahogo de los vecinos”. La concesión del terreno dependía, pues, directamente del Ayuntamiento.
Tras publicarse un edicto en virtud del cual se concedían 30 días para que se personase en el cabildo quien se opusiese a la concesión y, resultando no existir reclamación alguna, el 30 de abril se nombró al citado Manuel Rodríguez y a Jerónimo Díaz de la Vega para efectuar, como estaba estipulado, un nuevo aprecio del terreno.
A pesar de la lentitud y los retranqueos, innatos a toda administración y época, tenían las autoridades municipales una decidida voluntad de llevar a efecto la construcción del cementerio. Conformaba entonces la colonia inglesa afincada en El Puerto, si bien reducida, una pujante media-alta burguesía dedicada principalmente a la producción y comercialización de vinos, y por ello, revitalizadora de la débil economía local. Así, el alcalde Juan Abad le refería al gobernador civil: “… contribuyeron como vecinos a todas las cargas y prestaron muy buenos servicios, socorriendo con la mayor esplendidez las necesidades ordinarias de este vecindario (…) y, por consiguiente, se han hecho acreedores a la estimación pública, dignos de ser atendidos en la actual pretensión”.
El proyecto definitivo contemplaba como espacio destinado a los enterramientos un recinto cuadrangular de mampostería de 40 m de lado y 3,30 m de altura, abriéndose al centro de la fachada principal una portada de arco escarzano con un escudo; le precedía un patio de acceso de 60 m de longitud, delimitado por un murete corrido de 1 m de altura y cerrado por una cancela, distante del camino de Jerez 5 m. El autor del proyecto fue el arquitecto Manuel García Álamo. El terreno se tasó en 791 reales y 13 céntimos. Entre el 6 de septiembre y el 20 de diciembre de 1861, en términos ante quem y post quem, se ejecutaron las obras.
Respecto al servicio que prestó el lugar, solo podemos apuntar algunos datos sueltos: entre 1878 y 1882 se efectuaron dos sepelios; hasta marzo de 1883 existían tres panteones y tres sepulturas, estas a 3 m de profundidad. Hace algunos años, don Enrique Bartolomé López-Somoza –a quien agradezco su gentileza al facilitarme la información (Diario de Cádiz, 17-3-1985)– anotaba los nombres de las lápidas legibles: “Pedro, hijo de Pedro y María Cawley, de Liverpool, 23 jun. 1866”; “Richard George Ronaldson, sexto hijo de John James Ronaldson, de Londres, 5 de julio 1833 –septiembre 1871”; “George Thuillier, 26 de diciembre 1876”; “Adolphus Thuillier, 12 de julio 1888”; “Elena, esposa de George Moore Daniel, 30 de enero 1888”; “Elisa Huntington, daughter, 7 meses, 10 de junio de 1898”. Según recogió de otra lápida el señor Bartolomé, al menos hasta 1900 se utilizó el cementerio.
Tras la destrucción de 1900, este paraje se ha transformado en una Zona Arqueológica (Ley del Patrimonio Histórico Español, art. 15.5), y por ello el municipio deberá contemplar, antes de ejecutar cualquier tipo de obra sobre el lugar, lo que al respecto dictan las leyes vigentes. Existen aún diversos elementos funerarios in situ y un número indeterminado de cuerpos enterrados, a los que habría que añadir los que puedan encontrarse, así parece apuntarlo la documentación del archivo en otro cementerio que se estableció junto al de la colonia inglesa.
Un segundo cementerio protestante
El 11 de abril de 1877, el síndico Enrique Carrera le recordaba al alcalde, José de Pazos, el deber de la corporación de cumplir dos Reales Órdenes: por la primera (16-7-1871), de carácter provisional, los Ayuntamientos debían habilitar dentro de los cementerios católicos un lugar para dar sepultura a miembros de otras confesiones religiosas; la segunda (28-2-1872) mandaba construir departamentos anexos a los recintos católicos, con puertas independientes.
Dos días después, el pastor evangélico Manuel Mayorga pedía al alcalde un lugar para enterrar a los miembros de la Iglesia Cristiano-Evangélica.
Se mandó al arquitecto titular del municipio, Miguel Palacios, elaborar los planos y presupuestos para construir un nuevo cementerio en los terrenos baldíos lindantes al de la comunidad inglesa, pues, según afirmaba el alcalde, el católico no permitía ampliación por estar rodeado de propiedades particulares no expropiables y veredas. El proyecto, presentado el 10 de junio, consistía en un recinto a 50 m suroeste de la necrópolis inglesa, de 30 por 25 m y 3 m de altura, a construir con piedras de la sierra de San Cristóbal y accesible desde la carretera general por un arrecife de arenisca. El presupuesto ascendía a 5.946 pesetas.
El 15 de agosto acordó el Ayuntamiento, por falta de recursos, que se edificara solo la portada y el resto se cerrase con vallado y tunas, y cuando lo permitiesen las arcas municipales se levantara el resto del perímetro. J. Domínguez de Villegas, pastor de la Iglesia Episcopal Reformada de España, se ofreció en representación de su congregación a costear un cercado más sólido que el propuesto.
Pasó el tiempo. Continuaron largos y pesados trámites que no llegaron a cuajar, básicamente por falta de entendimiento entre el Gobierno civil de la provincia y el Ayuntamiento. Lo cierto es que en marzo de 1883 se estaba construyendo el “cementerio de los Disidentes” (protestantes religiosos en cualquiera de sus ramas). Desconozco si llegó a concluirse y, en su caso, la actividad que desempeñó y cuándo se destruyó en superficie. No he localizado nada al respecto en el Archivo Municipal.
No dudo de la buena voluntad del equipo de gobierno municipal ante el tema presentado, y espero por ello que en adelante se obre con sensibilidad y respeto ante los restos de quienes colaboraron a forjar, en sus virtudes y defectos, la historia de esta bendita tierra. El amor por ella y sus buenas gentes, vivas y muertas, me llevaron a escribir estas líneas.