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En los primeros días de febrero --el 2 de febrero-- se cumplen ochenta años de la última expulsión de los jesuitas de nuestra ciudad. Naturalmente, no era un hecho aislado, sino la consecuencia de un Decreto de ámbito nacional para nacionalizar los bienes de la Compañía de Jesús, sin indemnización, publicado en la “Gaceta de Madrid” del 29 de enero de 1932, fecha en la que presidía el gobierno de la II República, Manuel Azaña, constituyéndose un Patronato encargado de  administrar los bienes incautados.

CENTROS EN ESPAÑA.
En esa fecha los jesuitas gestionaban en España 8 colegios de segunda enseñanza con casi cinco mil alumnos de pago. Además del San Luis portuense estaban los colegios de Chamartin, en Madrid; los de San José en Valencia, Villafranca de los Barros y Valladolid; Orduña e Indauchu, en Bilbao y El Palo, en Málaga. Y a niveles más superiores, la Escuela de Ingenieros y Operadores Industriales, la Universidad de Deusto, el Seminario Pontificio de Comillas, el instituto químico y laboratorio de Biología de Sarría (Barcelona), la estación meteorológica de Cartuja (Granada), el observatorio astronómico del Ebro, en Tortosa (Tarragona)  y varias escuelas apostólicas y noviciados.

Aula de Gimnasia

Llevaban más de medio siglo instalados de forma ininterrumpida, desde que retornasen en 1877, después de una década alejados de la ciudad tras el triunfo de “La Gloriosa”, en 1868. Podría pensarse que el anticlericalismo de los republicanos propició esta grave decisión. Sin embargo,  el hecho de que en un periodo de cien años sufrieran estas o similares medidas hasta en cinco ocasiones, de manos de autoridades civiles y eclesiásticas, nos debe orientar hacia otros motivos que no es el caso analizar aquí.

CINCO EXPULSIONES.
Esta secuencia que cito la inició en 1767 Carlos III, con la “Pragmática Sanción” que expulsaba de los reinos de España y sus colonias de Ultramar a los miembros de la Compañía. Tuvo su continuidad con la bula papal “Dominus ac Redemptor” promulgada por Clemente XIV en 1773, suprimiendo la orden (restaurada después por Pío VII en 1813). El general Riego en 1820 la suprime nuevamente y Fernando VII, cuando es liberado en 1823 la restablece, volviendo a ser repudiados jesuitas y, en general, todas las ordenes en 1835, después de la conocida matanza de frailes en Madrid y el comienzo de las desamortizaciones de bienes eclesiásticos de mano muerta. Se regulariza la situación con la firma del Concordato en 1852 hasta la revolución que destrona a Isabel II, antes mencionada, que supondrá la quinta incidencia relatada.

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