2.354. GABRIEL AMADOR CASTILLO. Presidente de la Asociación de Acreedores del Grupo Jale.

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Gabriel Amador Castillo delante de la sede del Grupo Jale, en la calle Larga. /Foto: Pedro Payán.

Gabriel Amador Castillo, administrador de Ergamasa, una empresa constructora que trabajaba para el grupo Jale y a la que ésta le adeudaba aproximadamente 1,2 millones de euros es el presidente de la Asociación de Acreedores del Grupo Jale (ADA-Jale) que aglutina a 1.400 acreedores. Jale, la constructora y promotora inmobiliaria que tenía su sede en la calle Larga era la cabecera, además de un grupo hotelero propietario de entre otros el Hotel Monasterio San Miguel hoy gestionado por una empresa que trabaja para una entidad bancaria, y el Hotel Duques de Medinaceli --que aún permanece cerrado a pesar de los distintos interesados por su vuelta a aperturar-- y otros ubicados en diferentes puntos de la geografía española.

ADA-Jale ha emitido un comunicado en el que explican las acciones que quieren llevar a cabo para recuperar sus derechos, entre otras "personarse en el concurso de acreedores, conocer su real  situación y tomar acción en reclamar sus derechos". La Asociación de Acreedores del Grupo Jale, manifiestas que está "harta de esperar la firma del convenio de acreedores", recordando que hace más de seis años y medio tres empresas del Grupo Jale fueron declaradas en concurso voluntario de acreedores, por lo que "más de 1.400 subcontratistas, proveedores de servicios y proveedores de materias primas pasamos a ser considerados acreedores ordinarios, lo cual significa que, aun a pesar de que hubiera activos más que suficientes para satisfacer nuestra deuda, no se podría realizar hasta que no se firme el convenio de acreedores, con gran diferencia de trato con nuestros compañeros los acreedores privilegiados, que sí pueden ir satisfaciendo sus créditos sin necesidad de la firma del convenio".

En el comunicado expresan que a pesar de que la Ley Concursal fue creada "para que a los acreedores (privilegiados, ordinarios y subordinados) se les satisfagan  sus créditos y esa gestión de intereses ajenos se encomienda a los administradores concursales", señalan que "parece ser que eso no ha sido así, pues en los casi siete años transcurridos, esa encomienda de gestionar los bienes ajenos no se ha llevado a cabo como establece la Ley Concursal".

Los asociados en ADA-Jale se lamentan porque "Banco Santander, como administrador concursal que representa a los acreedores, a lo largo de estos seis largos años nunca se ha reunido ni dirigido a los más de 1.400 acreedores, que son sus representados y acreedores de esos 'bienes ajenos' que la Ley Concursal les ha encomendado bien gestionar". Así, han presentado en el Juzgado de lo Mercantil de Cádiz un escrito solicitando mantener una reunión con el Banco Santander en el Juzgado de los Mercntil para que éste como administrador concursal les explique su actuación.

Entre los asuntos que cuestiona la asociación y que plantean que el Banco de Santander les explique ha sido que su representante según ellos “no solo no se opuso a lo ocurrido, sino que también participó y a veces lideró aquellas actuaciones perjudiciales para el concurso y por lo tanto para nosotros los acreedores, aun a pesar de ser nuestro representante en el concurso". Así, sostienen en el comunicado que "los activos de las concursadas fueron valorados por ellos en más de 700 millones de euros que después de pagar las deudas aun quedaría un neto de más de 300 millones de euros", de forma que los honorarios de los administradores concursales se fijaron en  una cifra superior a cuatro millones y medio de euros a cobrar en dos fases iguales, en fase común y en fase de convenio.

Igualmente señalaron entre otras cuestiones que en febrero de 2012 José Antonio López Esteras, quien fuera presidente del Grupo Jale, presentó otra propuesta de convenio de acreedores "muy similar a la realizada por los administradores concursales unos meses antes, incorporando la adhesión notarial del mayor de los acreedores ordinarios con 20 millones de deuda y además fueron cientos de escritos por correo electrónico de medianos y pequeños acreedores que prestaron su apoyo a dicha propuesta".

Lamentan los afectados que los administradores concursales "en lugar también de apoyarla incomprensiblemente resultó que solicitaron al Juzgado que no se aprobase y mas incomprensiblemente todavía fue que la juez, órgano supremo del concurso, decretó la no probación y por lo tanto  todo fue a liquidación y los acreedores nos quedamos sin cobrar y para mayor perplejidad todo esto fue realizado con el beneplácito de nuestro representante, el administrador concursal, Banesto, ahora Banco Santander".

Por otro lado consideran que "ante esta irracional y contraria a Derecho actuación de los administradores concursales en contra la Ley Concursal es por los acreedores hemos creado la Asociacion de Acreedores del Grupo Jale para defender nuestros derechos y exigir la exhaustiva investigación  de aquellas actuaciones que han llevado a la liquidación a las concursadas y a la mayor de las ruinas a mas de 1.400 acreedores, a sus empleados y a sus familiares".

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