Del aula al juzgado: cómo una tesis doctoral puede cambiar la forma de investigar los abusos a menores
| Texto: José María Morillo
La conclusión del portuense de adopción y cordobés de nacimiento, Miguel Ángel López Marchena, Magistrado-Juez en Cádiz capital, es contundente: sí. El 11 de junio de 2025, defendió en la sede de UNIR-Universidad Internacional de La Rioja su tesis doctoral titulada: «La prueba preconstituida en los delitos sexuales cometidos sobre víctimas menores. Un análisis integral desde la perspectiva de la efectividad del proceso y de la investigación» Tras este alambicado título, propio de un trabajo sesudo, se expone una investigación que aúna solidez legal, compromiso con la infancia y una intención decidida de transformación social que, sin duda, impactará en el mundo del Derecho.
Plantea un cambio sustancial al modelo vigente: restar centralidad al testimonio de la víctima como única prueba y favorecer una investigación más rigurosa y especializada, basada en indicios periciales, análisis de dispositivos de almacenamiento y metodologías del crimen organizado. Revisa fallos del Supremo y de Audiencias Provinciales tras la Ley 8/2021, evidenciando que el éxito radica en ampliar el círculo de pruebas en estas investigaciones.
Miguel Ángel López Marchena es Magistrado-Juez Instructor desde el año 1999 con un amplio bagaje en instrucciones complejas y crimen organizado. Preocupado por la formación constante deviene sus tesis doctoral recientemente leída.
Así, el magistrado portuense plantea “¿Existe un derecho de la víctima menor de un delito sexual a una investigación efectiva y al descubrimiento de la verdad? En el derecho internacional encontramos la respuesta: art. 49 del Convenio de Estambul; art. 30 del Convenio de Lanzarote; art. a. b del Convenio de Varsovia”.
Abundando que “frente al modelo de prueba única que predomina en la doctrina y jurisprudencia, en relación con los delitos sexuales contra víctimas menores, con reforzamiento de la prueba preconstituida para proteger al/la menor de la victimización secundaria, se propone un modelo de investigación efectiva basado en el derecho internacional, que pretende descentralizar la importancia de la declaración de la víctima como prueba de cargo, para orientarlo a un modelo de especialización judicial en infancia y género que potencie la práctica de pruebas periciales -de credibilidad, psicológicas, y de ADN- el examen de los dispositivos de almacenamiento masivo, técnicas de investigación propias de la criminalidad organizado en el delito de Trata de seres humanos, y la declaración de la víctima como prueba preconstituida”.
Sus conclusiones se sustentan en un estudio riguroso de la Jurisprudencia, sostiene López Marchena: “para confirmar si es posible aplicar el modelo de investigación basado en la efectividad, se realizan dos estudios de jurisprudencia. En uno, se analizan las sentencias del Tribunal Supremo sobre el delito de grooming, y se comprueba que la prueba preconstituida no tiene relevancia en orden a la probanza de los hechos, mientras que, por el contrario, el examen de los dispositivos de almacenamiento masivo es fundamental para establecer la condena del autor. En otro, basado en un estudio de 100 sentencias de las Audiencias Provinciales posteriores a la Ley 8/21, se alcanza un resultado relevante: la condena del autor/es, cuando se practica una investigación efectiva, crece exponencialmente”.
La tesis ha sido dirigida por los doctores en Derecho, Alfredo Abadías Selma, director académico de la UNIR y vocal de Justicia en la Sociedad Española para el Estudio de la Violencia Filio-Parental y Pere Simón Castellano, abogado en ejercicio, consultor especializado en protección de datos, especialista en Derecho Digital y docente en varias universidades.
El reconocido tribunal que valoró el trabajo estuvo integrado por figuras de relevancia en el mundo del Derecho, tales como Sonia Calaza López decana de la Facultad de Derecho de la UNED; Ana Isabel Luaces Gutiérrez, vicedecana primera de la Facultad de Derecho de la UNED; Tomás J. Aliste Santos, director académico de la UNIR y de la colección Derecho Global (Atelier); Julián Artemio Sánchez Melgar, Magistrado del Tribunal Supremo que fue Fiscal General del Estado (2017-2018) y Juan José Periago Morant, Vicedecano de la Facultad de Derecho en la Universidad Jaime I.
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