Cuando los franceses okuparon las casas portuenses
No fue una simple estancia de tropas ‘aliadas', sino una tutela política sostenida por la fuerza y financiada, en gran medida, por la Ciudad y sus vecinos. Esta nótula integra el contexto del Trienio Liberal, la guarnición francesa en El Puerto, los conflictos políticos, la convivencia social y el reparto desigual de los costes para esta y otras ciudades de la Bahía de Cádiz. No quedaba otra. Entre 1823 y 1828, una de las guarniciones más estables de la división francesa de Cádiz condicionó la política municipal portuense, entró en los hogares y dejó una factura que tardó años en cobrarse. La nótula es una síntesis y adaptación del estudio de Gonzalo Butrón Prida (*), catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Cádiz, ‘Ocupantes y Ocupados: El Puerto de Santa Maria bajo la tutela francesa (1823-1828)
| Texto: Verbigracia García L.
España llegó a 1823 partida entre dos legitimidades incompatibles. El pronunciamiento de Rafael del Riego había obligado a Fernando VII a aceptar en 1820 la Constitución de 1812 y abrió el Trienio Liberal, pero el monarca nunca asumió de buen grado el nuevo orden. La tensión entre absolutistas y constitucionales, las conspiraciones de palacio y la radicalización política terminaron por convertir el conflicto español en un problema europeo.
Francia encontró en esa crisis la ocasión de intervenir. Con el beneplácito de las potencias conservadoras reunidas en Verona, Luis XVIII envió al ejército conocido como los Cien Mil Hijos de San Luis, mandado por el duque de Angulema. Las tropas cruzaron la frontera el 7 de abril de 1823, avanzaron con rapidez y empujaron al Gobierno, a las Cortes y a la familia real hacia Andalucía. Cádiz quedó como último gran refugio constitucional.
El Puerto de Santa María adquirió entonces un valor estratégico inmediato. Al igual que durante la Guerra de la Independencia, fue elegido como cuartel general de las fuerzas que cercaban Cádiz. Desde esta orilla de la bahía se sostuvo el asedio y aquí se produjo, el 1 de octubre de 1823, el encuentro entre Fernando VII y Angulema que precedió a la anulación de la obra del Trienio Liberal y al restablecimiento pleno del absolutismo.
La campaña había terminado, pero los franceses no se marcharon. Madrid y París pactaron que una parte del ejército permaneciera en la Península para ‘proteger’ un régimen que desconfiaba de sus propias fuerzas. La estancia, prevista en principio para seis meses, duró cinco años. Al absolutismo español le proporcionaba seguridad; a Francia, influencia política, ventajas económicas y un instrumento para contener tanto una nueva revolución liberal como los excesos represivos de los realistas más intransigentes. El resultado fue una ocupación acordada entre gobiernos, pero soportada desde abajo como una tutela extranjera.
Una guarnición con vocación de permanencia
Desmontado el cuartel general de Angulema, El Puerto conservó una guarnición integrada en la primera brigada de la división francesa de Cádiz. Conviene precisar su importancia: no era la mayor plaza de la división, puesto que Cádiz y San Fernando alojaban más soldados, pero sí ocupó el tercer lugar y actuó, de hecho, como cabecera de brigada. Aquí residieron sus comandantes, entre ellos los condes de Hautefeuille y de Castellane y el vizconde de Saint-Genie.
En enero de 1824 la primera brigada reunía 2.171 hombres distribuidos por El Puerto, Chiclana, Sanlúcar, Jerez y Cádiz. En la ciudad había entonces alrededor de 700 militares, entre cazadores a caballo, infantería ligera y artillería montada. La incorporación posterior de infantería de línea elevó el contingente local por encima del millar, cerca del diez por ciento de la población. Los regimientos de caballería rotaban cada seis meses entre varias localidades, aunque El Puerto siempre conservó uno y siguió siendo el centro operativo de un territorio que se extendió hasta Puerto Real y Tarifa.
Más que por una actividad bélica constante, la presencia francesa se hizo notar por su continuidad. Los soldados vigilaban accesos, edificios y espacios públicos; en verano reforzaban los puestos sanitarios destinados a prevenir la fiebre amarilla. La Ciudad debía convivir así con un aparato militar visible y móvil, capaz de intervenir en la vida local aun cuando la guerra ya había concluido.
El poder local, entre la protesta y la obediencia
La consigna francesa era evitar la apariencia de un gobierno extranjero. Las autoridades españolas conservarían los cargos y firmarían las decisiones, pero los mandos militares se reservaron la capacidad de condicionarlas. En julio de 1823 propusieron reuniones semanales con el Ayuntamiento para tratar el orden urbano, la policía y las necesidades de la tropa. Aquella colaboración formal pronto mostró su verdadera naturaleza: cuando había desacuerdo, la última palabra pertenecía a quien tenía los soldados.
El conflicto por el gobierno militar y político de la Ciudad lo dejó en evidencia. Angulema designó al coronel Fernando Capacete, mientras la Regencia española nombró al brigadier Juan Antonio de Soto y Herrera. Soto llegó a tomar posesión, pero a comienzos de septiembre fue obligado a abandonar El Puerto en veinticuatro horas. El cabildo protestó porque una autoridad extranjera estaba destituyendo, de hecho, a un funcionario español; aun así, tuvo que restituir a Capacete para evitar consecuencias mayores. Soto regresó en febrero de 1824 y permaneció hasta 1828.
La tensión no desapareció. Soto, realista exaltado y de carácter conflictivo, chocó repetidamente con el conde de Castellane, jefe de la brigada entre 1825 y 1827. El enfrentamiento alcanzó tal nivel que Fernando VII solicitó la destitución del francés. Desde París se veía a los gobernadores de El Puerto y Sanlúcar como enemigos obstinados de Francia; desde las autoridades locales, los jefes franceses aparecían como intrusos que usurpaban competencias y frenaban la persecución de los vencidos.
Ese último punto introduce una paradoja. Los ocupantes habían derrotado al liberalismo, pero procuraron que se respetaran las capitulaciones y ofrecieron protección a algunos vencidos frente a la represión absolutista. El general Ballesteros, por ejemplo, pudo permanecer un tiempo en El Puerto y marchar después a Francia. No era apoyo a una nueva revolución, sino una política de moderación: Francia quería orden y estabilidad, mientras una parte del realismo español pretendía depurar sin límites.
Cuando la 'Okupación' entró en las casas
La dimensión más íntima del conflicto fue el alojamiento militar. Durante el asedio los cuarteles no bastaron y numerosos vecinos tuvieron que ceder habitaciones a soldados y oficiales, proporcionar camas, ropa, aceite, carbón y utensilios de cocina, y soportar exigencias que iban mucho más allá de lo reglamentado. El síndico personero denunció que muchas de las viviendas afectadas pertenecían a familias pobres y que las mujeres terminaban sirviendo a los alojados, perdiendo tiempo, recursos y hasta parte de sus propios alimentos.
Después de la campaña, la tropa pudo instalarse en cuarteles, pero la oficialidad siguió repartida entre casas alquiladas por el Ayuntamiento y domicilios particulares. Los propietarios con viviendas apropiadas entraban en turnos y, si tenían medios, podían librarse pagando otro alojamiento equivalente. La carga, por tanto, no se distribuyó de manera uniforme. Pedro Porro cedió durante año y medio su casa a dos altos mandos y vio a su familia reducida a un entresuelo; Josefa Biñalet llegó a alojar a tres oficiales y comprobó cómo su vivienda funcionaba prácticamente como dependencia militar.
La convivencia, sin embargo, no fue sólo conflicto. Castellane impulsó veladas a las que acudía la sociedad acomodada; las autoridades celebraron las festividades de los Borbones franceses; los uniformes y las músicas militares animaron los paseos de la Victoria y del Vergel del Conde O’Reilly. La guarnición favoreció además las funciones de la Casa Coliseo y logró autorizar bailes privados de máscaras durante el carnaval, aunque siguió prohibido salir disfrazado a la calle. Hubo sociabilidad y entretenimiento, pero sobre un fondo de desigualdad: los salones acercaban a las élites; los alojamientos pesaban sobre los hogares.
Quién pagó la ocupación
La factura principal recayó sobre una hacienda municipal ya exhausta por años de movilizaciones militares. Entre 1812 y 1827, El Puerto había gastado más de 3,35 millones de reales de vellón en alojamientos para distintos ejércitos. De esa suma, 772.826 reales correspondieron al asedio de 1823 y a los años posteriores de presencia francesa contabilizados hasta 1827. El cálculo definitivo elevó a 858.061 reales los suministros y alojamientos vinculados a las tropas francesas: 627.487 durante los cuatro meses del cerco de Cádiz y 230.574 durante la ocupación. En 1830 el Estado todavía no había pagado al Ayuntamiento.
El problema no era sólo gastar más, sino recaudar menos. Los tratados permitían introducir sin cargas los productos destinados al ejército, pero la exención facilitó ventas fraudulentas y maniobras de proveedores españoles y militares franceses. Cayeron los impuestos indirectos y perdieron valor los arrendamientos de rentas municipales. Los arrendadores reclamaron por una recaudación inferior a la prevista, mientras el cabildo acumulaba deudas y encontraba cada vez menos vecinos dispuestos a aceptar cargos públicos tan costosos y comprometidos.
En cuanto a los grupos afectados, la documentación retrata más oficios y negocios concretos que gremios organizados. Sufrieron los propietarios obligados a alojar oficiales; las familias humildes que atendieron a la tropa durante el asedio; los arrieros y carreteros cuyos animales y vehículos eran requisados como bagajes; y los dueños de posadas, fondas, mesones y cafés, que cedían habitaciones y cocinas con escasas garantías de cobro. También quedaron expuestos los proveedores, los arrendadores de rentas y, de modo menos visible, las mujeres que asumieron buena parte del trabajo doméstico añadido.
La experiencia portuense resume bien la contradicción de aquellos cinco años. Francia ayudó a restaurar a Fernando VII y, al mismo tiempo, intentó moderar la revancha absolutista; reconoció a las autoridades españolas, pero las subordinó a su fuerza; llevó música, recepciones y teatro, mientras ocupaba cuarteles, calles y viviendas. La alianza existía en los tratados. En la vida diaria, la soberanía limitada, el alojamiento forzoso y las cuentas sin cobrar hicieron que muchos portuenses la percibieran con un nombre bastante menos amable: ocupación.
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Fuentes y referencias:
(*) Butrón Prida, Gonzalo: «Ocupantes y ocupados: El Puerto de Santa María bajo la tutela francesa (1823-1828)», Revista de Historia de El Puerto, n.º 21, 1998.
Congreso de los Diputados: «Trienio Liberal, 1820-1823».
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes: cronología del Trienio Liberal.
Butrón Prida, Gonzalo: La ocupación francesa de España, 1823-1828, Universidad de Cádiz, 1996; y «Franceses, ultras y moderados», Hispania Nova, 2023.